La Asamblea General de las Naciones Unidas ha declarado el 7 de junio el Día Mundial de la Seguridad Alimentaria, como una fecha para recordar la importancia de trabajar para reducir las enfermedades que son transmitidas por los alimentos.
La designación del Día Mundial de la Seguridad Alimentaria tiene por objeto contribuir a incrementar la conciencia de todas las partes implicadas, tanto del sector público como privado, sobre la necesidad de garantizar la inocuidad de los alimentos en todas las etapas de la cadena alimentaria desde la producción primaria hasta el consumo.
¿Qué es la seguridad alimentaria?
El concepto de seguridad alimentaria ha sido definido de diferentes maneras a lo largo del tiempo.
El significado actual se estableció en la cumbre mundial de la alimentación celebrada en Roma en 1996 de la siguiente manera:
“Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen, en todo momento, acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos, a fin de llevar una vida activa y sana.”
Además, la seguridad alimentaria es un derecho reconocido en el artículo 25 de la Declaración Universal de los derechos humanos cuando afirma que “todas las personas tienen derecho a una alimentación suficiente y sana.”
Seguridad alimentaria, responsabilidad compartida “del campo a la mesa”
El principio de responsabilidad compartida ha sido desarrollado y compartido tanto por la Unión Europea, como por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Se fundamenta en que la inocuidad de los alimentos depende de los esfuerzos de todos los que participan en la compleja cadena alimentaria: productores primarios, productores secundarios, transportistas, distribuidores, consumidores y administraciones públicas.
Las empresas del sector de la alimentación son las responsables principales de elaborar alimentos seguros, a través del cumplimiento de la normativa en materia de higiene alimentaria.
Según esta legislación, para garantizar la seguridad alimentaria, las empresas deben crear, aplicar y mantener un procedimiento o procedimientos permanentes basados en los principios del APPCC (análisis de peligros y puntos de control críticos).
Además, exige que estos procedimientos se construyan teniendo en cuenta unas prácticas correctas de higiene que eviten la introducción de agentes peligrosos, el aumento de la carga microbiológica o la acumulación de residuos y otros agentes químicos y/o físicos en los alimentos, de manera directa o indirecta.
La responsabilidad del consumidor se fundamenta en dos aspectos fundamentales:
- El consumidor como agente de selección responsable del producto, que le otorga el derecho a exigir que el producto que compra sea seguro y a reclamar o denunciar el incumplimiento de los requisitos legales de higiene y seguridad, tanto por parte del fabricante como del establecimiento que suministro el producto.
- El consumidor como manipulador de alimentos, que asume la obligación de manipular correctamente los alimentos que compra para evitar que se contaminen en casa, por lo que les compete la responsabilidad de almacenar, manipular y cocinar los alimentos de manera apropiada.
La obligación de las administraciones públicas de velar por la seguridad de los alimentos tiene su fundamento en la Constitución Española de 1978, concretamente en los artículos 43, que consagra el derecho de los ciudadanos a la protección de la salud, y 51, donde se establece la protección de la seguridad, la salud y los legítimos intereses de los consumidores y usuarios.
Su actuación en este ámbito se concreta, en la medida de sus competencias, en:
- Establecer una política alimentaria que garantice una alimentación segura y saludable de todos sus ciudadanos.
- Mantener sistemas generales de control y vigilancia de la calidad de los productos y servicios ofertados en su territorio.
- Proporcionar información al público sobre la inocuidad y los riesgos de los alimentos.
- Regular las medidas y las sanciones aplicables a las infracciones de la legislación alimentaria y de la legislación relativa a los piensos. Esas medidas y sanciones deberán ser efectivas, proporcionadas y disuasorias.
- La gestión y comunicación de los riesgos.
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